El objetivo de la Comisión Europea es reducir las emisiones de CO2 de coches y furgonetas al menos en un 30% para el año 2030, otro de los objetivos impulsar tecnologías limpias en el sector del transporte.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles establecer unos objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para coches y furgonetas del 15 por ciento para 2025 y del 30% para 2030 en comparación con los niveles que se registren en 2021.

El Ejecutivo comunitario ha presentado un paquete de medidas con el objetivo de impulsar tecnologías limpias en el sector del transporte e incentivar la transición de los vehículos con motores tradicionales de combustión a otros con combustibles alternativos, como los coches eléctricos.

Dentro de este conjunto de medidas, Bruselas ha propuesto establecer un objetivo de reducción media de emisiones de CO2 del 30% para 2030 en relación a 2021. Este proceso recoge también una meta intermedia para 2025, con un recorte del 15%, para asegurar que las inversiones en tecnologías alternativas se inician en la actualidad.

Propuestas basadas en “análisis sólidos”

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha presentado las propuestas en una rueda de prensa, en la que ha defendido que los objetivos planteados por Bruselas son “ambiciosos y realistas” y están basados en “análisis sólidos” y tras haber consultado a un amplio abanico de partes interesadas, desde la propia industria a ONG.

Preguntado por la posibilidad de que la industria automovilística haya evitado que los objetivos propuestos fueran mayores, el comisario español ha defendido que la Comisión Europea “tiene la obligación de escuchar a todo el mundo” y después “con total independencia establecer su propia solución”.

“En todos los asuntos importantes los grupos interesados son muy activos”, ha reconocido Arias Cañete, para después garantizar que el Ejecutivo comunitario tiene “transparencia e independencia” para tomar sus decisiones.

En todo caso, el comisario ha explicado que las medidas incluyen acciones de control sobre los fabricantes, de manera que se podrán imponer sanciones en el caso en el que una compañía exceda su límite particular de emisiones.

En concreto, las multas alcanzarán los 95 euros por cada gramo por encima del nivel requerido y por cada nuevo vehículo registrado en ese año concreto.

Bruselas además podrá supervisar las discrepancias entre los resultados de emisiones en controles de laboratorio de nuevos vehículos y las emisiones registradas en situaciones de conducción en carretera.

Para efectuar estos análisis, la Comisión Europea utilizará los datos de los medidores de consumo de combustible, que serán obligatorios en todos los nuevos vehículos.

Con información de RTVE

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